El primero en mover ficha ha sido el Ayuntamiento de Orihuela. “Tenemos la voluntad y la intención de hacer volver al poeta a su tierra natal, donde siempre debió estar”, señaló ayer Pedro Mancebo, portavoz del equipo de gobierno de Orihuela. “Esta ciudad tiene una deuda histórica con el poeta, con su familia y con su memoria y este Gobierno tiene la voluntad de hacer volver a Miguel a su pueblo”, prosiguió. Aunque Mancebo reconoció que aún no se han iniciado “conversaciones oficiales”. Sin embargo, el Ayuntamiento de Orihuela no ha sido él único en mostrar su interés por la conservación del legado del poeta. Según pudo saber ayer Público, diversas fundaciones tanto de Madrid como de Barcelona intentaron contactar con los herederos. También el Ministerio de Cultura confirmó a este periódico su interés por conservar el legado del poeta, aunque reconoció su dificultad .
Sin embargo, la nuera del escritor, Lucía Izquierdo, se mostró tajante a este respecto y aseguró que no iniciará ninguna conversación con ninguna institución hasta que no se resuelva la actual problemática con el Ayuntamiento de Elche. “Estamos muy agradecidos y sabemos que va a haber muchas gestiones desde toda España, porque es vergonzoso que un material como este se encuentre en la caja fuerte de un banco”, apuntó.
No obstante, Izquierdo insistió en que su única “obsesión” ahora es “limpiar la imagen de su familia” y la “memoria” de su suegro. “Queremos que se repare nuestro honor, el mío, el de mi familia, el de Miguel Hernández, y que el Partido Popular asuma sus mentiras sobre la cifra que nosotros percibíamos del Ayuntamiento”, añadió. “La alcaldesa de Elche no cesa de decir a los medios que nosotros percibimos tres millones de euros. Cuando es mentira. Nos acusan de lucrarnos a costa de la memoria de Miguel Hernández cuando nunca ha sido así”, aseveró. “Lo que pasa es que, a base de repetir mentiras, el pueblo la ha creído”, agregó.
El Partido Popular, que asumió el poder del municipio ilicitano tras las elecciones del pasado 20 de mayo, anunció en sus primeros días de mandato la ruptura del convenio firmado en 2010 por el exalcalde socialista, Alejandro Soler, que vinculaba a Hernández con la ciudad de Elche durante los próximos 20 años. La razón de la ruptura fue, según el Consistorio, que el coste del legado era “inasumible”. “Las arcas municipales no pueden soportar ni tres millones ni medio millón”, y acusó a la familia de estar lucrándose a costa del pueblo de Elche cuando este tenía “necesidades sociales muy importantes”.
El contrato
No obstante, el contrato firmado establecía la creación de una Fundación Hernandiana dedicada a la conservación, estudio y difusión de la obra del poeta, que estaría dotada de la cantidad económica de 150.000 euros al año para su funcionamiento. Esta suma de dinero, según establece el contrato, será aportada por patrocinadores privados o, en su defecto, por el Ayuntamiento. Por lo que a lo largo de 20 años, el coste de la Fundación Hernandiana supondría tres millones de euros. Los herededores de Miguel Hernández recibirían 7.000 euros mensuales por parte del Ayuntamiento en concepto de “cesión de uso de la imagen, nombre y firma del poeta” y por participar en actos de “promoción pública del poeta”.
“Llevan desde el mes de abril echándonos estiércol encima. La demagogia contra nosotros fue uno de sus pilares en la campaña”, afirma Izquierdo. El Partido Popular, afirmó en rueda de prensa a través de su concejal de Cultura, Pablo Ruz, que han “tratado de reunirse con la familia” en diversas ocasiones y “lamentan la decisión” de los herederos del poeta de retirar el legado de la ciudad.
En este sentido, este diario ha tratado de ponerse en contacto en diversas ocasiones con el Ayuntamiento de Elche sin éxito alguno.
Demanda judicial
El abogado de los herederos, Carlos Candela, anunció ayer que será el próximo martes cuando los herederos de Miguel Hernández presentarán en la Ciudad de la Justicia de Elche un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por la rescisión del contrato.
Además, aseguró que en las próximas semanas presentará dos demandas más por daños y perjuicios por el daño que la familia de Miguel Hernández considera que se ha realizado contra la imagen del poeta y de su familia. Por último, también reclamarán que les sean devueltas todas las copias digitales que el Ayuntamiento ha realizado de los archivos en estos años.
Por su parte, el Partido Popular se niega a entregar estos documentos y Ruz afirmó que “la copia es propiedad municipal según la Ley de Patrimonio”. A ojos de la familia, la negativa del Consistorio ilicitano a entregar las copias supone un ataque a la Propiedad Intelectual y un intento del Partido Popular de conservar de manera gratuita el legado. “Si hacen el más mínimo intento de publicar o mostrar al público algo de ese archivo, la ley caerá con todo su peso sobre ellos”, advirtió Izquierdo. Por su parte, Ruz recogió el guante lanzado por los herederos y aseguró “que las contradicciones entre la Ley de Patrimonio y la Ley de Propiedad Intelectual serán aclaradas en los tribunales”.
